Un periodista vale lo que vale su agenda, que vale lo que diga el juez
Durante años he mantenido una polémica con algunos colegas sobre las agendas de contactos que los periodistas guardamos, unos más que otros, como si fueran el santo grial. Ya saben aquello de un periodista vale lo que vale su agenda. Pues bien, ya sea en el móvil, en un excel, o mal apuntados en docenas de posavasos y servilletas en el fondo de una cajetilla de cigarros bajo una montaña de cuadernos de espiral, traficar con esa información puede ser ilegal. No será para tanto, le solté yo al experto en LOPD, con el que estoy preparando unos textos para una web. Pues a tenor de lo que me comentó, es para tanto y más.
Y para muestra un botón. El experto me contó que a una residencia de ancianos de León le recetaron más de 300.000 lereles en el 2004 por facilitar los datos de cuenta bancaria de sus residentes a la farmacia donde compraban las medicinas, para que esta le cargara a cada anciano lo suyo directamente y sin mayores trámites. Pues bien, la residencia no informaba a sus residentes de esa cesión de información, por lo que tras la pertinente denuncia, la Agencia de Protección de Datos resolvió como ya he explicado. Casi nada pensé yo.
Y yo contraargumenté. Pues en la misma falta incurrimos muchos periodistas —y casi cualquier persona— cuando alguien nos llama para pedirnos un número, nos crecemos como si fuesemos una pieza clave de la CIA, enredamos un poco, “no sé si lo tendré, eh, espera a ver si encuentro el posavasos de Coronita de la farra aquella… Pero vamos, que no lo voy a tener… Si es que tiene que estar en el paquete de Marlboro bajo estos cuadernos… Ah, espera, aquí está, apunta”.
Estupendo, “pero eso además de cutre”, me dijo él, “es ilegal si previamente no se le solicita permiso al titular de la línea, que como esté resentido por cualquiera cosa, algo muy común tratando contigo, y se entere de que vas por ahí revelando sus datos personales te puede buscar las vueltas”.
En realidad todo periodista y un gran número de ciudadanos de cualquier profesión almacena no sólo en su ordenador sino en los papeles de su escritorio soportes físicos con reproducciones de datos personales [..], que por ser susceptibles de nuevos tratamientos podrían activar la caza de brujas, automatizadas o no.
Yo volví a contraargumentar. “Eso al final lo tendrá que decidir un juez”, que es una frase que en España se usa con mucha alegría, le dije.
Dader me da en parte la razón.
Es cierto que en el ejercicio de competencias legítimas cruzadas, un juez podría reclamar el listado conflictivo y dirimir la comisión o no de irregularidades.
Nos quedaremos con una bastante explicativa Sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se afirma que “dada su función institucional, cuando se produzca una colisión de la libertad de información con el derecho a la intimidad y alhonor aquélla goza, en general, de una posición preferente y las restricciones que de dicho conflicto puedan derivarse a la libertad de información deben interpretarse de tal modo que el contenido fundamental del derecho a la información no resulte, dada su jerarquía institucional desnaturalizado ni incorrectamente relativizado”. Añade el TC que “resulta obligado concluir que en esa confrontación de derechos, el de la libertad de información transmitida sea veraz, y esté referida a asuntos públicos que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen, contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la opinión pública” (STC 171/1990).
En cualquier caso, convenimos el experto y yo, evitar situaciones como esta en las redacciones es una tarea complicada. Pero según mi experiencia, el desconocimiento de la LOPD es muuuuy grande, a pesar de que algunas empresas sí proporcionan cursos a sus empleados, aunque no siempre tienen los beneficios perseguidos y muchos trabajadores terminan todavía con más deudas. Y dudas también.
